El respeto a los derechos humanos y de los trabajadores es parte intrínseca de la cultura de Coca-Cola y para cumplir con esta responsabilidad en todos los países donde está presente, la Compañía establece un marco de trabajo que permite desarrollar alrededor del mundo programas y políticas que eviten impactos negativos en estos temas por acciones de la empresa o de sus socios embotelladores o proveedores.

Pero como siempre Coca-Cola va un paso más allá, acaba de publicar su primer Informe de Desempeño en Derechos Humanos, un documento elaborado por una auditora independiente y alineado con los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, que informa sobre los principales riesgos para los derechos humanos dentro de la cadena de valor de la Compañía y explica el proceso para identificarlos y cómo responder a ellos, además de compartir los avances más destacados.

“Analizamos continuamente el impacto del Sistema Coca-Cola en el ámbito de los derechos humanos y es algo que compartimos de una manera transparente y significativa. La publicación de nuestro primer informe de derechos humanos es un paso fundamental en este viaje”, explica Brent Wilton, Director de Global Workplace Rights de Coca-Cola.

El director de Global Workplace Rights en The Coca-Cola Company, Brent Wilton, en un momento de la charla con Coca-Cola Journey Global.

El ejecutivo asegura que, si bien se han ido informando los progresos en materia de derechos humanos a través de la página web corporativa y de los informes de sustentabilidad, este nuevo documento ofrece una visión más completa del compromiso con los derechos humanos de la Compañía y de su impacto en las personas y en las comunidades de los territorios en los que está presente. “Por primera vez, enumeramos públicamente y analizamos los 13 principales riesgos para los derechos humanos asociados a la actividad empresarial de Coca-Cola y sus relaciones comerciales y que tienen que ver con la seguridad y la salud de los trabajadores, la igualdad, el trabajo infantil, los trabajos de alto esfuerzo físico, los derechos sobre la tierra y el derecho a la privacidad, entre otros”, detalla.

La detección de esos riesgos se realizó a través de un amplio proceso de consulta interna y externa. A nivel interno, a los propios líderes empresariales, principales socios embotelladores y proveedores de todo el mundo, mientras que externamente se consultó a 63 personas que representaban a 57 organizaciones de la sociedad civil. En este proceso también participaron grupos de interés y expertos en Brasil, China, Europa, India, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos.

“En este primer informe, hemos identificado que las áreas que requieren una mayor atención son: subsanar el impacto negativo en trabajadores de nuestra cadena de suministro; la protección de los defensores de los derechos humanos; la necesidad de una mayor precisión en la recopilación de datos; y la integración de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en la cadena de suministro. Durante 2018 y en años sucesivos, trataremos de atajar estos asuntos e informaremos de nuestros logros. En un área tan compleja y cambiante como es la de los derechos humanos, siempre habrá cosas por hacer”, concluye.